Luego que el departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) confirmó la finalización del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), para Nicaragua y la prórroga temporal del mismo para Honduras, pudo haber existido presión desde La Casa Blanca antes de llegar a esa decisión, según un reporte publicado por The Washington Post (TWP).

Cuando secretaria interina del DHS, Elaine Duke, suspendió el programa TPS y explicó que daba 12 meses para organizar la situación de miles de nicaragüenses en EE.UU. En el mismo anuncio, Duke dijo que para tomar una decisión sobre el estatus de los cerca de 57,000 hondureños que están bajo ese programa necesitaba “obtener más información”, por lo que prorrogó por seis meses la protección migratoria.

Sin embargo, The Washington Post publicó un artículo en el que asegura que antes de que Elaine Duke tomara la decisión, ella recibió presión por parte del actual jefe de Gabinete de La Casa Blanca, John Kelly, quien antes de ocupar su actual puesto manejaba el DHS y era el jefe de Duke.

El periódico, citando funcionarios del actual y el anterior gobierno, afirma que Kelly presionó a Duke para que “expulsara” a los hondureños también, algo que la secretaria interina se negó a hacer y consideró -según el reporte- que se trataba de “una intrusión política impulsada por Kelly y Tom Bossert, el asesor de seguridad interna de La Casa Blanca”.

TEMOR DE KELLY
La molestia de Kelly, de acuerdo al reportaje, es que la decisión tomada por la secretaria interina podía afectar a su nominada para drigir el DHS, Kirstjen Nielsen, en su audiencia de confirmación ante el congreso el pasado miércoles.

Kelly habría llamado desde Japón (en donde se encontraba durante la gira del presidente Donald Trump que se desarrolla en Asía), sin embargo, el reportaje afirma que Duke no cedió ante las presiones del jefe de Gabinete de la Casa Blanca.

Juez autoriza demandar por políticas contra "dreamers"


Mientras tanto un juez federal autorizó que 16 Estados, junto con el Distrito de Columbia puedan demandar al Gobierno de Donald Trump con el objetivo de intentar revertir la decisión del cierre del programa DACA, informó el periódico español El País.


Nicholas Garaufis, juez federal de Brooklyn, permitió que el recurso siguiera adelante. El magistrado consideró válido el argumento de los Estados de que el fin del programa migratorio afectaría a empresas y universidades, y calificó de “no persuasiva” la opinión del Gobierno de que la protección a los "dreamers" no puede revisarse legalmente.


El recurso explica que la decisión de Trump es discriminatoria, lo que vulneraría la protección de igualdad bajo la ley amparada por la Constitución.